Controversia por la firma del acuerdo con China
El pasado 14 de mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó en Pekín un memorando de entendimiento con China para la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Ruta de la Seda. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en áreas como infraestructura, comercio, tecnología y energía. Sin embargo, la firma ha generado una fuerte polémica en el país.
Demanda por omisión de trámites constitucionales
El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, presentó una demanda ante la Corte Constitucional argumentando que el acuerdo con China no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta que cumpla con el trámite constitucional previsto para la ratificación e incorporación de los tratados internacionales. Según Lizarralde, la firma del memorando se realizó sin la autorización del Congreso de la República, lo que contraviene los artículos 150, 189 y 241 de la Constitución Política de 1991.
Riesgos para la soberanía y la economía
Diversos sectores han expresado su preocupación por los posibles riesgos que implica la adhesión a la Ruta de la Seda. Se teme que el acuerdo pueda comprometer la soberanía nacional y generar una dependencia económica de China. Además, algunos analistas advierten sobre el riesgo de endeudamiento excesivo y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones estratégicas.
Reacciones internacionales
La firma del acuerdo también ha generado reacciones en el ámbito internacional. Estados Unidos ha manifestado su oposición a los proyectos chinos en Colombia y ha anunciado que se opondrá a los desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras a empresas estatales chinas que operen en Colombia, por considerar que comprometen la seguridad regional.
La adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda ha desatado un intenso debate sobre los beneficios y riesgos de este acuerdo. Mientras el gobierno destaca las oportunidades de inversión y desarrollo, críticos señalan posibles afectaciones a la soberanía y la economía del país. La demanda presentada ante la Corte Constitucional será clave para determinar la legalidad y viabilidad de este controvertido acuerdo.
